Ayuso acusa a Sánchez de no proteger las fronteras y enviar ilegales de Canarias sin avisar
"Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada", denuncia la presidenta Ayuso
En otras comunidades del PP como Aragón y Extremadura también ha habido falta de información
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de no proteger las fronteras y de no informar a su Ejecutivo autonómico sobre la posible llegada de inmigrantes irregulares a enclaves de esta región, principalmente desde Canarias. En las últimas semanas, Moncloa está realizando desplazamientos de estos ilegales desde las islas a otros puntos de la Península debido a la crisis migratoria que afecta particularmente a Canarias.
«Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada, por lo menos hasta ahora. Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros hasta la fecha», ha afirmado este lunes Ayuso en declaraciones a los medios durante la presentación de la nueva sede judicial de Valdemoro (Madrid).
«Creo que a los inmigrantes no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península. Pero el Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender», ha enfatizado la presidenta madrileña.
Además, Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que «también es importante saber qué va a hacer el Gobierno para defender las fronteras, qué está haciendo para frenar estas oleadas de personas que están en esta situación irregular y que por tanto ello supone un problema para ellas mismas y para todos los demás». «Yo me temo que será otra negligencia de Marlaska con la inmigración, pero espero equivocarme», ha dicho la jefa del Ejecutivo madrileño sobre el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los ministros responsables del dispositivo.
La denuncia de Ayuso sobre la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias no es exclusiva de Madrid. Se da la circunstancia de que en otras comunidades gobernadas por el PP, donde ya están recibiendo a irregulares en el marco de dicho dispositivo, también hay malestar por la gestión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Malestar en Aragón y Extremadura
Por ejemplo, el Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón criticó la pasada semana la «deslealtad institucional» e «irresponsabilidad» del Gobierno de Sánchez por enviar a Huesca 200 inmigrantes procedentes de Canarias sin aviso previo y sin ningún tipo de coordinación para su asistencia.
En concreto, medio centenar de estos inmigrantes fueron alojados de urgencia en el Hotel Montearagón del municipio de Quicena, mientras que otros 145 fueron acogidos en el albergue de Pirenarium en Sabiñánigo por medio de la fundación Apip Acam.
«No sabemos ni cuánto tiempo van a permanecer, ni su recorrido posterior y tampoco qué debe hacer el Gobierno de Aragón para atenderlos convenientemente», expresó la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Marín Susín.
Susín lamentó además que la información sobre la acogida no provino por parte del Gobierno central, sino que fueron las propias asociaciones sociales las que se pusieron en contacto con la consejería.
Esta falta de comunicación sobre el dispositivo también se produjo en el caso de Extremadura, tal y como reveló OKDIARIO. El Gobierno de Pedro Sánchez, según fuentes del Ejecutivo regional de María Guardiola, informó antes a Cruz Roja que a la propia Junta de Extremadura del operativo de acogida de 200 inmigrantes ilegales procedentes de Canarias que fueron alojados hace una semana en un albergue municipal de Mérida.
Tales fuentes señalaron que la Junta fue la «última institución» con la que se puso en contacto el Gobierno de la Nación para la planificación de la llegada. De hecho, las mismas fuentes aseguran que la comunicación al respecto desde el Ejecutivo central se realizó «cuando Cruz Roja ya estaba operando sobre el terreno». Y es que las organizaciones humanitarias no pueden realizar su trabajo sin la asistencia sanitaria, que es competencia de las comunidades autónomas.